YPF Historia
La idea es desglosar uno de los temas más candentes en Argentina: la situación de YPF y el reciente fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York.
Para entender esto, primero, un poco de contexto. YPF, nuestra petrolera de bandera, ha estado en el ojo de la tormenta desde la expropiación parcial del 51% de sus acciones a Repsol en 2012.
Esta decisión, que se presentó como de interés público y fue avalada por una amplia mayoría en el Congreso, buscaba recuperar el autoabastecimiento energético que se había perdido durante la gestión de Repsol.
De hecho, desde 1999 hasta 2011, las reservas de YPF cayeron un 70%, y la producción de gas y petróleo se retrajo significativamente, llevándonos a ser deficitarios en energía. La recuperación de YPF no solo revirtió esto, sino que en 2024, el superávit energético alcanzó casi los valores de 2006.
Ahora, ¿por qué YPF está en las noticias? Por un fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York. Esta jueza, que continuó en el juzgado de Thomas Griesa (sí, el mismo de los fondos buitre y la Fragata Libertad), ha ordenado al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo buitre Burford Capital. La cifra reclamada es de USD 16.000 millones, un monto que la jueza interpreta como resarcimiento porque en 2012 no se les ofreció a todos los accionistas una "Oferta Pública de Adquisición" cuando se expropió parcialmente YPF.
Es importante entender que este fondo buitre, Burford, compró el litigio al Grupo Petersen por una suma muy inferior, solo USD15 millones, con la promesa de pagarle el 30% de lo que ganara.
Lo que llama la atención es que, siendo una jueza de primera instancia, Preska exige que la entrega de las acciones se realice en 14 días, ¡incluso antes de la apelación! Esto es preocupante, ya que el esquema legal argentino no permite transferir acciones de YPF sin el aval del Congreso. Además, el Procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, se recusó porque fue testigo en la causa del lado del fondo buitre, lo que genera aún más interrogantes.
Desde el gobierno, se argumenta que YPF es una empresa de interés estratégico y que no se puede perder su control, ya que sería muy difícil recuperarla si un fallo posterior resultara favorable a Argentina.
Un poco de historia
En las décadas de 1980 y 1990, bajo las presiones de sucesivas crisis de deuda y la "asistencia" del FMI, muchas empresas estatales latinoamericanas se privatizaron.
En Argentina, la privatización de YPF en 1992 llevó a que Repsol controlara el 99% de las acciones. La misma, no tenía capacidad propia de producción petrolera, obtuvo una presencia internacional impensada gracias a los activos argentinos. A cambio, el gobierno de Menem obtuvo algunos dólares para alimentar la Convertibilidad. De alguna forma se asemeja a las necesidades actuales de LLA y su volver a tomar deuda con el FMI para quedar comprometdos.
Sin embargo, la gestión de Repsol llevó a la pérdida del autoabastecimiento energético de Argentina en 2011.
La decisión de recuperar YPF en 2012, entonces, fue una respuesta a esta situación. Se declaró de utilidad pública y se expropió el 51% de las acciones.
Aunque el gobierno podría haber exigido la caducidad de las concesiones de Repsol por incumplimiento de obligaciones y así obtener la transferencia sin cargo, se optó por pagar una indemnización de USD 5.000 millones.
Esto es algo que ha generado debate, ya que el propio ministro de Economía de entonces, Axel Kicillof, había valuado el pasivo ambiental en una cifra similar.
Es importante despejar algunas confusiones sobre el rol de YPF. Que sea privada o pública no cambia cómo ingresan los dólares de las exportaciones. Pero la cuestión es qué harían los privados con YPF. Podrían mantener el plan de inversión, o desinvertir, llevando tecnología y capital a otros yacimientos.
El gobierno necesita a YPF porque es la empresa que más invierte en el país en un sector exportador clave y, en cierto sentido, dirige a todas las petroleras de la cuenca neuquina.
Desde el lado político, las críticas a la expropiación se centran en cuestionar la intervención en una empresa privada, cuando, en realidad, podría haber otras cosas que criticar, como la falta de exigencia a Repsol para remediar pasivos ambientales o cumplir con compromisos de inversión.
Este fallo de primera instancia plantea un dilema: ¿tiene más valor el estatuto de YPF como empresa privada o la Constitución Nacional? La jueza parece estar más allá de buscar forzar una negociación.
En el gobierno de Milei, la "Ley Bases" incluía la reprivatización del 51% de YPF, un plan que debió ser abandonado. Sin embargo, el gobierno ha avanzado en la desregulación y mayor entrega de soberanía en el sector, otorgando beneficios a las grandes empresas petroleras que, con regímenes como el RIGI, permitirán que la expansión exportadora no deje un dólar en el país.Finalmente, el debate sobre YPF nos lleva a una reflexión más profunda: ¿qué tipo de empresa energética necesitamos?
Se argumenta que se requiere una empresa estatal única, controlada por sus trabajadores, profesionales, comunidades afectadas y usuarios, que pueda planificar y gestionar la energía no solo para aumentar ganancias, sino para una transición energética y ecológica justa.
Una YPF con mayoría estatal no garantiza esa transición, pero es una condición necesaria, aunque no suficiente. Sin YPF invirtiendo en esa orientación, es más difícil dejar la explotación petrolera contaminante, incluyendo el fracking.
En resumen, la situación de YPF es un complejo entramado de historia.