Nuevo CAMINO FISCAL para revertir el llamado "camino del OSO"

La historia Fiscal Argentina: 

Una experiencia de la comunidad liberal en la vida en Grafton, New Hampshire en los Estados Unidos para el año 2001. Donde un grupo de ideólogos liberales estableció una comunidad anarcocapitalista, reduciendo al mínimo el gobierno y confiando en la autogestión y la responsabilidad individual. La comunidad se caracterizó por la creencia en el individualismo radical, la baja tributación y la propiedad privada de armas. La llegada de los osos, la falta de regulaciones y servicios públicos, como la recogida de basura, llevó a que los osos comenzaran a bajar de los bosques en busca de comida. La situación se complicó aún más cuando los residentes reaccionaron de diversas maneras, desde la alimentación de los osos hasta la colocación de explosivos. Este comportamiento hizo que los osos se volvieran más audaces y agresivos, llevando a ataques de osos en el pueblo por primera vez en la historia reciente de New Hampshire....

El recorrido argentino en materia fiscal oscila desde hace ya mucho tiempo, entrampado entre la inflación, el bajo crecimiento, y una baja permanente de los niveles de ingreso per cápita. Con una pobre o escasa discusión sobre el Roll del Estado y las políticas necesarias para tener un país que brinde una vida digna a su población.

Se avanza sobre una lógica discursiva que apunta a la baja el precio del Estado y con el, la importancia del gasto público como panacea que si este cae, o tiende a cero como espera la derecha argentina, podrá mejorar todos los males que nos aquejan ("el camino del Oso"). Todo esto sin ningún debate técnico ni profesional sobre sus implicancias, y efectos sobre diversos sectores sociales.

La idea multiorgásmica de la derecha sobre el superávit deja sin repregunta a opositores y al resto de la sociedad que parece no contar con elementos para dar un debate serio y con criterio de poder mejorar una sociedad que se halla muy cerca de su disrupción total, con lo que implica para todos que esto suceda.

Desde el 2023 se impuso un recorte del gasto social del 27%, el ajuste mas salvaje desde 2002. Al mismo tiempo se otorgaron exenciones y alivios fiscales a sectores de poder económico concentrado. Todo esto se aplicó en total discrecionalidad, sin debate alguno.

El diagnóstico: capacidad fiscal reducida y evasión estructural

La combinación de ajuste del gasto público y beneficios fiscales regresivos ha comprimido la capacidad estatal para sostener políticas sociales e infraestructura. Según las estimaciones del ETFE, los "gastos tributarios" -exenciones, deducciones y regímenes especiales- representan cerca del 3,5% del PIB, es decir, recursos que el Estado deja de percibir cada año.

A esto se suma la pérdida anual de entre 4% y 6% del PIB por evasión y abuso fiscal, derivados de la subfacturación de exportaciones y uso de guaridas fiscales. "Alrededor de la mitad de lo que podría recaudarse en IVA y Ganancias se pierde, lo que erosiona legitimidad y capacidad de gasto".

El informe propone medidas para fortalecer la transparencia y cooperación internacional, limitar amnistías fiscales, reforzar el acceso público al Registro de Beneficiarios Finales y elevar sanciones efectivas contra la evasión. "El esfuerzo fiscal debe ser equitativo y transparente". Se plantea incluso la creación de una autoridad tributaria regional en el Mercosur para coordinar políticas de control.

Impuestos para la equidad: progresividad real y alivio a los más vulnerables. Es uno de los pilares del documento, la necesidad de reorientar la presión tributaria hacia quienes más capacidad contributiva poseen. El ETFE propone un esquema integral de "impuestos para la equidad", que combine alivio a los sectores de menores ingresos con una mejor captación de las rentas altas, el capital y la riqueza.

Entre las medidas centrales se destacan:

-Incrementar la progresividad del Impuesto a las Ganancias, con tramos adicionales para los ingresos más altos.

-Revisar deducciones y exenciones regresivas en el sistema actual.

-Restablecer el impuesto a las rentas financieras y gravar grandes herencias.

-Reducir selectivamente tributos al consumo, como el IVA en alimentos básicos.

El objetivo, afirma el documento, es "recaudar mejor, no recaudar más a cualquier costo", asegurando financiamiento sostenible para las políticas públicas y evitando que el ajuste recaiga sobre los hogares más vulnerables.

Un Estado fuerte, no un Estado sobredimensionado

En contraste con la idea de que "menos Estado es más eficiencia", el ETFE argumenta que un Estado sostenible requiere recursos, capacidad técnica y legitimidad social. "No se trata de gastar más, sino de gastar mejor, con prioridades claras y rendición de cuentas".

Una mirada inteligente sobre el discurso antiimpuestos gana terreno, recordando que el debate fiscal no se agota en el ajuste, sino en cómo se construye un Estado eficiente y justo. El valor político de la propuesta: Aunque el clima actual parece adverso para debatir impuestos y redistribución, hay motivos para un optimismo responsable. La discusión fiscal debe darse en la política, en la calle y en los barrios.

Reformar sin destruir: una agenda fiscal democrática

El informe concluye que la política fiscal no debe reducirse a un instrumento de estabilización macroeconómica, sino convertirse en una herramienta de desarrollo inclusivo y equitativo. Entre las líneas de acción que propone figuran:

-Una reforma tributaria integral con criterios de progresividad y federalismo equitativo.

Un plan de lucha contra la evasión estructural, con cooperación internacional y mayor transparencia.

-Un esquema de financiamiento responsable de la deuda, que preserve las obligaciones sociales.

-La incorporación transversal de la perspectiva de género y derechos humanos en la política fiscal

Un aporte técnico para el Congreso

En un escenario donde el Ejecutivo busca aprobar un presupuesto con presumible sesgo de austeridad, "Hay otro camino" se posiciona como un insumo técnico de alto valor para el debate legislativo de 2026. El ETFE propone un paquete de medidas operativas -publicación y auditoría de gastos tributarios, fortalecimiento de Ganancias, revisión de exenciones y auditoría de deuda- que, según sus autores, pueden generar recursos sin ajustar derechos.

En palabras del documento: "Recaudar de manera más justa es el primer paso hacia una sociedad más equitativa. La sostenibilidad fiscal no puede alcanzarse sacrificando la sostenibilidad social".

En síntesis, el plan del ETFE plantea una alternativa técnica, progresiva y viable: más impuestos a quienes más tienen, menos presión sobre los que menos poseen, y una política de deuda compatible con los derechos humanos. En un contexto dominado por el ajuste, el informe se erige como un aporte riguroso al debate económico, una invitación a construir -desde la evidencia y la equidad- un Estado moderno, eficiente y socialmente justo.

Un Diagnostico del cual se parte y se pretende superar

Recaudación Regresiva:

A partir de 1976 se observa una estructura regresiva de tributos, donde los impuestos indirectos pasaron a ser parte relevante del esquema de tributos, cerca de 10% del PBI, esto afecta las desigualdades de clase y de género. Afectando en mayor proporción a los sectores populares.

Los que menos tiene hacen un mayor esfuerzo, 21% de IVA para Galperin  como ejemplo social relevante, es similar que para un habitante de la villa 31. Además, la evasión y elusión limita las capacidades estatales. El 1,6% del PBI se perdieron por el abuso de las grandes empresas, que trasladan beneficios encubiertos a países de baja o nula tributación.

3 regímenes especiales para ricos:

• Ley 27.743 2024 paquete fiscal con restricción de aplicación presente y futura de tributos. Régimen especial de Bs Personales, alcanza a menos del 1% de la población, beneficia a quienes decidan adelantar 5 años alícuota anual del 0,45% ( normal 1,5%) a partir del 2027 ( 0,25%) asegura amarre fiscal hasta 2038 impidiendo el cobro de impuestos patrimoniales a futuro.
• Regularización de Activos título III de la misma Ley "nuevo blanqueo" para regularizar obligaciones tributarias aduaneras y de Seguridad Social
• Ley de Bases Ley 27-742 RIGI rebajas impositivas arancelarias y estabilidad tributaria, establece beneficios legales y cambiarios a grandes empresas

¿Es posible el equilibrio de las cuentas públicas sin sacrificar derechos esenciales de las personas?

La idea es reducir desigualdades socioeconómicas, impulsar la producción local y sostenible. General valor agregado, promover el desarrollo social inclusivo y democrático.

Para esto es importante pensar colectivamente, como camino alternativo.

• Salir del modelo de ajuste, desigualdad y privilegios. Romper la verdadera CASTA…
• Impulsar el Gasto publico equitativo y transparente

Gasto Público- Se gasta para mejorar la protección social y los derechos. - Se hace por medio de Programas como AUH o moratorias previsionales.

No obstante, los Subsidios o Gastos Tributarios no aparecen como erogaciones en el presupuesto y se otorgan a la organización para la cooperación y el desarrollo económico; Centro interamericano de administración tributaria; Comisión económica para América latina y el Caribe (son la cueva del NO HAY PLATA) esto supera 6% del PBI, se calcula una pérdida del 3,5% de recursos tributarios por estos conceptos ya que actúan como privilegios fiscales beneficiando desproporcionadamente a los sectores privilegiados (sin criterio más que lo elitista y la presunción del derrame)

Los Gastos de Salud y Educación no siempre se tradujeron en mejoras efectivas de calidad de servicios o de las condiciones del personal que trabaja en ellos.

No obstante, este gobierno profundizo tensiones con un severo ajuste.

• Redujo inversiones en Áreas sociales
• Extendió privilegios fiscales a poderosos
• Aumento la vulnerabilidad de millones de personas
• Menor transparencia presupuestaria y control democrático.

Algunos datos de donde venimos:

1980 -2023 en %PBI

Gasto Público Nivel Municipal 1,3 ----3,4

Nivel Provincial 7,1----15,8

Nivel Nacional 20,2--- 24,4

Total 28,6 al 43,6

Nos marca la expansión del Gasto Público con un pico del 47,6 en 2016

Gasto previsional del 6,85 al 11,44

Composición del Gasto

Subsidios a la energía 16,8 al 9,7

Deuda 14,4 al 5,3

Previsión Social 15,5 al 25,3

Salud 12,7 al 15,7

Agua y saneamiento 9,2 al 12,8

Es decir en 40 años las necesidades son mayores, hay mas ciudadanos y mayores derechos. No creo que halla alguna sociedad donde no se expanda el gasto, por una cuestión de incremento de servicios públicos, caminos, hospitales, luminaria pública, etc. Si bien no estamos hablando de calidad ni de equidad social, es casi de sentido común que podemos comprender esto, sin ser Estatista o no Estatista. Un ejemplo básico que pondría un neoliberal sería como el presupuesto familiar, que persona en el tiempo gastaría menos en el transcurso de su vida...Gastos manutención, escolaridad, salidas varias, vacaciones, etc. Derechos en expansión.

Ampliar y fortalecer la Protección Social y previsional con enfoque universalista y equitativo.

Jubilaciones

Dado que el componente de gasto público argentino mas importante, financiado por Aportes y Contribuciones cuya naturaleza es procíclica con el nivel de asalariados, en cuanto a cantidad y calidad de los mismos. Ambas se encuentran en descenso, dado el envejecimiento poblacional, la sustitución del trabajo asalariado, por monotributo y empleo no registrado. Además de financiarse por impuestos indirectos y fondos del Tesoro Nacional (con alta discrecionalidad según el gobierno del que se trate) 

Lo particular ha sido su utilización de las jubilaciones como variable de ajuste histórica, deteriorando su poder adquisitivo, siendo 2024 su perdida mas significativa (explico la mayor baja del Gasto Corriente 20% del mismo)

Se requiere 

Universalizar haciendo foco en personas mayores, reconociendo trayectorias formales e informales, incorporar indicadores no solo de inflación sino tambien de evolución salarial y productividad del trabajo. Reconfigurar edad de retiro, mas flexible según trayectoria de vida y trabajo. Revisar y fortalecer las pensiones por fallecimiento, asegurando su cobertura. Fortalecer la institucionalidad de regímenes especiales o diferenciales. Fortalecer capacidades estatales, evaluando trayectorias previsional argentino en el largo plazo. Abordar la pobreza en la vejez, garantizando un haber mínimo, vinculado a una canasta básico de consumo para personas mayores, a fin de cubrir sus necesidades básicas, garantizando el acceso a la salud y medicamentos

Reforma de pensiones que respete los derechos de las personas con discapacidad por ley del congreso asegurando que los cambios deban hacerse por acuerdo de la representación política del momento.

Que sea compatible pensión con actividad laboral, incentivando la inclusión de personas con discapacidades.

Los montos requeridos de pago deberán adaptarse a la problemática, ajustados a un nivel de vida adecuado, que incluyan erogaciones adicionales según su situación.

Regular plazos acotados para decidir su otorgamiento, dada las urgenticas de este grupo social-.Y establecer esquema de financiamiento sostenible, terapias de rehabilitación, transporte accesibles,  medicamentos, prótesis, garantizadas por algún mecanismo de actualización en función a la inflación y los salarios.

Ampliar cobertura a persona que padecieron de violencia de género ( Cayo 90% entre 2023-2024 de cerca de 100.000 a 434 personas). Restricciones presupuestarias y normativas. Eso agrava la pobreza en hogares  encabezados por mujeres que incrementan la pobreza, tales como el incumplimiento masivo de obligaciones alimentarias ( + de la mitad de las madres no reciben aporte de sus progenitores no conviviente) y otras en forma irregular. Esto limita la autonomía económica y vulnera derechos de niñes y adolescentes, ampliando la brecha de género.

Para avanzar sobre esto se requiere relanzar y diseñar el programa acompañar articulando con apoyos en cuidado infantil, patrocinio jurídico gratuito, empleo y salud.

Transferencias especificas para hogares con juicios de alimentos en trámite o incumplimientos comprobados.

• Deudas con las infancias, brechas persistentes en indicadores Educación y Salud
• Universalización sala de 3 un compromiso con el Consejo Federal de Educación por las Provincias, y solo el 19% asiste (UNICEF 2021)
• 137.396 niñes no asisten a escuelas primarias y 276.399 no van al secundario. El embarazo no intencional en la adolescencia es una de las problemáticas que influye en la interrupción de la trayectoria educativa de niñas y adolescentes (UNFPA, 2020)*. Su prevención fue una política de Estado desde 2017 hasta 2023, actualmente desfinanciada y desarticulada (ACIJ et al., 2025)

En infraestructura social

Las provincias tienen a su cargo Salud Educación e infraestructura social, sin recursos para sostenerlos y sin capacidades técnicas para llevarlos adelante, profundizando desigualdades, las mismas empeoraron con la baja del gastos destinado a las jurisdicciones

En 2024: evolución de algunas partidas presupuestarias: Agua y Alcantarillado -75%; Educación y Cultura -44%; Vivienda y Urbanismo -82% Jubilaciones y pensiones -15%; Acompañamiento mujeres y LTGB -85%. En términos de PBI 2024-2023 crecen 0,48% los impuestos sobre comercio internacional y bajan los impuestos sobre bs y servicios -0.26%

La particularidad es el incremento de la AUH con la inflación e incorporando a jovenes de 15-17 años sin dar el mismo caracter de actualización. En cuanto a las becas progresar, se ha desactivado su forma de financiamiento destruyendo su fideicomiso. Es un programa para revalorizar dado que el mismo se da en función de la asistencia a clase y cumplimiento de requisitos educativos, que deberían ser analizados. Se recomienda que el mismo sea reconocido legalmente y posea un ajuste para tener impacto como trasferencia. Ampliar las licencias para personas gestantes y no gestantes en caso de nacimiento u adopción incorporando al régimen monotributistas sociales, creando un salario MVYM para gestantes y no gesstantes, contemplando casos especiales para prematuros y nacimientos o nacimientos multiples con discapacidad. Ampliar licencias remuneradas para el cuidado, reconociendo no solo hijes, sino otras poblaciones ( personas adultas con enfermedades o discapacidades y las de violencia de genero)

La politica de ingresos son relevantes pero no cumplen por si solas el acceso a los derechos hay que dar capacidades en diferentes temáticas.

Propuestas para los ingresos

Impuestos Ganancias de las sociedades:

abarca empreas, fideicomisos, fondos comunes de inversión constituidos en argentina y el establecimientos permanentes de empresas extranjeras: Base imponible sobre balance contable, el impuesto se liquida 5 meses después del cierre del ejercicio. Se van haciendo pagos anticipados. Si las utilidades se distribuyen deben pagar 7% adicional a valores vigentes en 2025: 25% para ganancias hasta $101 millones, 30% entre $101 y $1.016 millones y 35% por encima de $1.016 millones. Además, existe una alícuota diferencial de 41,5% para rentas provenientes del juego y las apuestas, aplicable tanto a personas como a empresas.

*Aumentar de la tasa aplicable a la distribución de dividendos y remesa de utilidades para incentivar la actividad productiva y la inversión local. Se propone aumentar las alícuotas de 7% a entre 11% y 13%, en línea con el promedio de países de la OCDE, en paralelo con una reducción de la alícuota mínima de ganancias a las sociedades. Legislas una tasa del 15% acordado por el Marco Inclusivo del G20/OCDE

*Aumentar la progresividad y efectividad del impuesto. Ampliar la base imponible en los tramos inferiores, al incorporar contribuyentes con capacidad contributiva baja pero significativa, aplicando alícuotas más bajas para estos segmentos (menores al 5%, alícuota mínima en la actualidad), a fin de aumentar la progresividad.

Agregar tramos superiores con alícuotas más altas para capturar una mayor porción de los ingresos de alta concentración, mejorando así la capacidad redistributiva del impuesto.

→ Revisar el mecanismo de actualización del mínimo no imponible (MNI), recuperando parámetros que reflejen más fehacientemente el poder adquisitivo y el costo de vida, como el salario mínimo vital y móvil (SMVyM). Revisar el régimen de deducciones, que actualmente genera alta complejidad, regresividad y renuncias fiscales significativas. Es necesario simplificarlo y redefinir criterios para que sea más equitativo y eficiente, considerando además a los sectores actualmente exentos del tributo, como magistrados del Poder Judicial.

Aumentar la carga impositiva sobre rentas financieras, de la propiedad y el capital

Históricamente, la recaudación proveniente de los ingresos laborales de la 4a categoría es la mayoritaria en materia de ganancias personales, de forma que son los salarios los que soportan la mayor carga tributaria efectiva. Es momento de reequilibrar el esquema y aumentar la participación en el tributo de las rentas de la propiedad, las finanzas y el capital.

Impuestos a la riqueza. Diversos estudios muestran que en América Latina —y particularmente en la Argentina— la concentración de la riqueza es significativamente mayor que la del ingreso, fortalecer la tributación sobre la riqueza constituye un instrumento clave para reducir la desigualdad y evitar su profundización. Se propone incrementar su recaudación conjunta en todos los niveles de gobierno del actual y exiguo 1%-1,2% del PIB a, como mínimo, 5% del PIB, en línea con estándares internacionales y reforzando la progresividad del sistema tributario.

Con el esfuerzo de los impuestos subnacionales solo no alcanza para la tributación efectiva de la riqueza. Gran parte de los activos que conforman el patrimonio de las personas más ricas, como la tenencia bienes en el exterior, instrumentos financieros, títulos bursátiles o participaciones societarias, no está alcanzada por los impuestos provinciales directos—limitados principalmente a gravar inmuebles y automotores radicados en sus jurisdicciones—. y Establecer acuerdos cooperativos entre las jurisdicciones para lograr mayores niveles de imposición efectiva.

Amortiguar el sesgo regresivo de los impuestos indirectos y mejorar la eficiencia

Se propone implementar un esquema de devolución del IVA que contribuya a reducir el sesgo regresivo del impuesto y alivie su carga sobre los sectores de menores ingresos. La idea es establecer tramos de reintegro según niveles de ingreso, o bien fijar topes de devolución que permitan que el beneficio sea proporcionalmente mayor para quienes más lo necesitan, alcanzando a jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de programas sociales, y personal de cuidados,  enmarcados en una estrategiaamplia de bancarización e inclusión financiera

Disminuir la carga de ingresos brutos para pequeños contribuyentes. Si bien es el de mayor recaudación provincial, es un impuesto de alto costo en casacada por cada etapa de producción. Avanzar en su reducción, requiere fortalecer impuestos directos. Que los mismo se apliquen a grandes empresas y autónomos, eximiendo a pequeños profesionales y pymes. A su vez, aplicar alícuotas mayores a empresas extractivas o de alto impacto ambiental y rentisticos, bancos sociedades de bolsa, inmobiliarios y comerciales. Tasas reducidas a empresas manufactureras eximiendo a los servicios escenciales

Combate de la evasión y elusión

Es un tema central para abordar la falta de recursos en el Estado, poco tratado y ni debatido. Es el que mas enequidad trae a la política fiscal. Se estima que el IVA es del 50% ( CET 2024) asociada la informalidad laboral. Ganancias tambien se habla del 50%. Es decir que un 8,3% del PBI. Argentina tiene una alto stock de riqueza por fuera del sistema financiero local. En los Pandora Papers, Argentina aparece como tercer país con mayor cantidad de personas en beneficiarias de guaridas fiscales. La práctica habitual de blanqueos realizó en los últimos 50 años, trae perjuicios de largo plazo. En America Latina el 11% de la recaudación de impuestos corporativos se piede en guaridas fiscales. En Argentina este flajelo se dulico en 5 años.

Transparentar el acceso a la información

La idea de brindar información sobre beneficiarios finales tiene como objetivo central garantizar que los diversos organismos de control, entidades financieras, sectores profesionales y actores sociales puedan acceder a la información sobre quiénes son las personas que controlan o se benefician de determinada estructura jurídica.

Si los beneficiarios finales están ocultos para el Fisco, los gobiernos desconocen qué empresarios están presentándose a una licitación pública, las empresas no saben con quién hacen negocios, la sociedad no sabe quién está financiando los partidos políticos y la justicia no puede luchar contra el lavado de dinero y contra los delitos financieros. No hay avances al momento

- Modificar la reglamentación del Registro Público de Beneficiarios Finales que limitó el carácter público que establece la ley 27.739.

- Hacer público, con una estrategia de difusión especial, el registro de grandes empresas proveedoras del Estado y sus controlantes en última instancia.

- Crear un registro público de grandes empresas beneficiarias de incentivos fiscales y sus controlantes.

- Hacer públicos los "informes país por país" con información sobre grupos económicos transnacionales con actividad en la Argentina.

Reforzar la fiscalización y cooperación internacional sobre criptoactivos

Nuevas formas de evasión fiscal y opacidad patrimonial, dificultando el control. El impuesto sobre los bienes personales, el impuesto a las ganancias sobre operaciones de compra-venta o el impuesto al cheque en billeteras digitales, la limitada información sobre su tenencia restringe su fiscalización.

Que la Argentina firme el convenio Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) para acceder a información internacional sobre tenencias y transacciones.

• Modificar la definición existente en la LIG para permitir la tributación de dichos activos; e incorporar mecanismos claros para su valuación a los fines impositivos.

• Fortalecer el registro obligatorio de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con mayores requerimientos de información y sanciones ante incumplimientos.

• Fiscalizar ofertas iniciales de monedas (ICO) y activos tokenizados, actualmente no regulados.

Cooperar internacionalmente para abordar operaciones sin intermediarios (DeFi), aún fuera del alcance normativo.

Optimizar el análisis de los precios de exportación de commodities para mejorar la recaudación de las retenciones a las exportaciones y combatir la manipulación de los precios de transferencia en el comercio internacional, adoptando las medidas específicas.

EL FMI

El Fondo, en los últimos años se trasformó en el acreedor mas importante de la Argentina, asegurándose la prelación de ser el ´primero en cobrar ante cualquier problema. Esta institución no es cualquier acreedor externo, sino uno que otorga financiamiento a cambio de condicionalidades de política económica, restringiendo el margen de maniobra al tiempo de decidir sobre aspectos claves de nuestro desarrollo . Los países con mayor peso económico que conforman dicha institución ejercen una influencia decisiva, que incluso puede llegar a generar una influencia tal que degrade la calidad institucional de los países deudores, al desconocer su deber de respetar el Estado de Derecho y la obligación

El endeudamiento creció de manera sostenida: pasó de US$128.600 millones en 2005 a US$471.200 millones en marzo de 2025, casi cuadruplicándose en dos décadas. En paralelo, la vida promedio de la deuda se redujo de 12 a 5 años. La deuda en moneda extranjera, que representaba el 50% en 2005, llegó a un pico de 75% en 2020, en plena pandemia. En marzo de 2025 esta dinámica llegó a un punto crítico y ante el agravamiento de la crisis de divisas, el gobierno recurrió al FMI para "revertir la situación de las reservas internacionales" (decreto 179/2025, considerandos) y acordó un nuevo programa por US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron 14.000 millones. Este financiamiento se complementó con préstamos de otros organismos internacionales.

La deuda pública no solo es un problema de sostenibilidad financiera: sobre todo reconfigura las condiciones materiales bajo las cuales se sostiene la vida cotidiana de todas las personas. Las políticas de recorte presupuestario que se implementan para sostener el ritmo de los desembolsos trasladan funciones del Estado hacia los hogares, obligándolos a suplir con recursos propios, de dinero y de tiempo, servicios de salud, educación y cuidados que antes se garantizaban públicamente.

Otra forma en que la deuda pública se traslada a los hogares es a través del endeudamiento doméstico. Cuando el Estado recorta transferencias, subsidios o servicios básicos para cumplir con las metas fiscales, las familias se ven obligadas a recurrir a créditos de consumo, adelantos de sueldo, tarjetas o mecanismos financieros informales con tasas usurarias para acceder a bienes y servicios que antes eran garantizados por la política pública. Esto se viene dando en la mora cada vez mas alta de las tarjetas de crédito y con mayor participación en la compra de alimentos de dichos instrumentos financieros, cosa que es común cuando los ingresos son suficientes.

Deuda pública: sostenibilidad y derechos humanos

El futuro de la deuda, analiza la evolución del endeudamiento argentino y sus implicancias sociales. El ETFE advierte que la deuda externa ha sido utilizada de modo procíclico, consolidando un ciclo de ajuste, recesión y dependencia.

Por eso, propone un marco legal de negociación de deuda vinculado a la sostenibilidad social, que incluya auditorías ciudadanas, mecanismos de revisión periódica y renegociaciones orientadas a obtener plazos más largos y tasas atadas al crecimiento.

¿Por qué no se puede pagar la deuda a costa de los derechos humanos?", se enfatiza: "El pago de la deuda no debe implicar la reducción de recursos esenciales para salud, educación o protección social". Este principio, basado en los estándares de la ONU, busca alinear la política financiera con los compromisos democráticos.

La visión de "Los pobres aportamos mucho más de lo que se reconoce al PBI argentino, pero seguimos sin acceso a lo básico. No se puede seguir ajustando sobre quienes ya sostienen la economía desde abajo".

Auditar la Deuda y aliviar los servicios

La Argentina se encuentra en una coyuntura crítica, marcada por una compleja interacción entre su persistente crisis de deuda y un modelo económico que, históricamente, ha condicionado las posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible. Desde la dictadura hasta la actualidad entre los programas del FMI

Un nivel de endeudamiento que condiciona las posibilidades de desarrollo. Esta crisis de deuda (así como la de muchos otros países alrededor del mundo) no se limita a la posibilidad o no de incumplir con sus acreedores sino que va más allá por las restricciones que establece el pago y sus condicionalidades para la garantía de los derechos humanos de su población, el ambiente y el futuro, así como la soberanía, la identidad y la autonomía nacionales. No se trata de un condicionamiento superficial, sino estructural.

El endeudamiento en dólares de la Argentina no surge de un proceso virtuoso de inversión productiva o social, sino como parte de políticas de shock que buscaron estabilizar la economía con una óptica de apertura y desregulación.

A menudo se considera que el principio que establece que los acuerdos deben honrarse*es una norma general y absoluta. Sin embargo, una interpretación irrestricta de este principio es incompleta e inadecuada. Es necesario matizarlo debido al estrecho vínculo que tienen la deuda y los derechos humanos. 

Su interpretación exige un análisis inclusivo y razonado entre el servicio de la deuda y el deber de garantizar los derechos económicos y sociales. Dicho estudio debe evaluar —entre varias cosas— el impacto de la asignación de recursos a la deuda sobre la financiación de derechos sociales, al igual que sopesar el perjuicio que el incumplimiento puede generar en la propia satisfacción de esos mismos derechos. No puede implicar que el pago de la deuda deba hacerse cueste lo que cueste, en tanto ninguna institución podría seriamente aspirar a estar por encima del derecho internacional de los derechos humanos. 

Para ello, los estándares de derechos humanos exigen a los Estados deudores una serie de obligaciones. Por ejemplo, deben llevar a cabo una evaluación de impacto de la deuda (y de las políticas y reformas económicas asociadas) sobre los derechos humanos, y considerar seriamente sus conclusiones, priorizando siempre la opción que sea menos lesiva para los derechos de la población y movilizando al máximo los recursos disponibles.